En 1944 por medio de la Ley 5ª se crea el Instituto Nacional de Abastecimiento – INA, se constituyó como entidad autónoma con el criterio de servicio público, pero manteniendo las normas y prácticas de las instituciones privadas. Posteriormente, en 1954 cambia de denominación por la de “Corporación de Defensa de Productos Agrícolas” y en 1958 mediante Decreto Legislativo No. 0040 se organiza nuevamente como el INA. En la reforma administrativa de 1968 toma el nombre con el que más se conoció, Instituto de Mercadeo Agropecuario – Idema, se crea como entidad pública y finalmente en 1976 mediante el Decreto Legislativo No. 133 se confirió el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Los objetivos establecidos en la reforma de 1976, establecieron que el Idema tendría a su cargo la regulación del mercadeo de productos de origen agropecuario mediante la compra, venta, almacenamiento, importación y exportación de los mismos. Las funciones que desde entonces implementó la Junta Directiva de la entidad pueden resumirse en:
a) estímulo a la producción agrícola a través de la compra a precios de sustentación
b) estabilización de los precios por medio de la constitución de existencias reguladoras
c) Garantizar el abastecimiento a través de la intervención de las compras en el mercado nacional y de importación de productos deficitarios, complementarios al mantenimiento de existencias de transacción y reguladoras.
Con la apertura económica, cambió en forma radical a partir de 1991 casi todo el escenario anterior. Se suprimieron las barreras cuantitativas a la competencia internacional, y se inició una política selectiva de protección con base en aranceles. Como consecuencia de lo anterior, el monopolio que tenía el Idema en las importaciones quedó eliminado y con ello la entidad perdió la renta del diferencial de precios y se retiró de la importación de productos agropecuarios. A partir de este momento, el sector privado es el principal responsable de realizar sus importaciones.
Con el objetivo de contar con una entidad que administrara el manejo gradual del paso de una política de intervención directa a una en la que el Estado tuviera poca presencia, el Gobierno conservó el Idema y lo orientó hacia la modernización de la comercialización agropecuaria, compras directas en zonas marginales y apartadas y a la promoción de la modernización de la comercialización de los pequeños productores rurales mediante el apoyo a empresas de procesamiento y comercialización.
El Idema cumplía una función social que si bien es cierto no estaba totalmente cualificada y cuantificada, en alguna proporción debería estar favoreciendo a lapoblación más pobre. Se podría decir entonces que con la liquidación de la entidad no se ha hecho otra cosa que excluir a un sector de la población, aunque muy marginal, de los servicios del Estado. Consecuentemente, se podría concluir que con la liquidación del Idema, se han enfatizado los beneficios de los recursos del Estado hacia un sector que siempre los había recibido. En este sentido, se hace necesario evaluar las posibles consecuencias negativas de la decisión para tomar las medidas pertinentes, siempre bajo el criterio de eficiencia del gasto público e impacto directo en la población objetivo.
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